En España llevamos años siendo testigos de un fenómeno que ya no se puede llamar simple irregularidad: la sistemática utilización de las instituciones para blindar al poder político y proteger a quienes gobiernan, sin importar el coste para el país ni para los ciudadanos.
Las cloacas políticas no son exclusivas del PSOE, aunque hoy son los que más las han perfeccionado. El Partido Popular también ha recurrido a estas prácticas, Podemos ha demostrado ser un experto en manipulación y control, y no nos olvidemos de Junts.
Lo que diferencia al gobierno actual del PSOE es la combinación de manipulación, persecución y saqueo: no solo han intentado coaccionar a periodistas de investigación, jueces, investigadores y líderes de opinión, sino que también han presionado y desprestigiado sistemáticamente a políticos de partidos contrarios. Todo esto mientras se repartían y desviaban fondos públicos, buscando el beneficio propio y de sus allegados, en lugar de invertir en lo que realmente necesita España.
Un ejemplo claro del descaro del PSOE es su intento de desprestigiar a la UCO, uno de los pocos organismos que aún defiende el Estado de Derecho. Han llegado incluso a intentar acusar a uno de sus mandos, el Coronel Antonio Balas, con acusaciones sin fundamento, con el objetivo de paralizar investigaciones y silenciar la verdad sobre la corrupción política. Esto demuestra que la persecución no es teórica: va dirigida a quienes se atreven a investigar de manera independiente.
Y detrás de todo este entramado de manipulación y control político se encuentran los conocidos “fontaneros” del poder. La más conocida es Leire Díaz, pero la pregunta es obligada: ¿cuántos más habrá? Seguramente, infinidad. Cada uno trabajando para mover los hilos, tapar escándalos y mantener la maquinaria de intereses propios funcionando sin que los ciudadanos lo vean.
No estamos ante hechos aislados ni errores de gestión: estamos ante un patrón de manipulación y saqueo que amenaza la democracia misma. El relato se controla, los escándalos se minimizan y las voces críticas se acallan, todo con un único objetivo: mantener el poder a cualquier precio.
España merece instituciones limpias, transparencia real y que los responsables respondan por sus actos. Mientras el Estado de Derecho se vea amenazado, nuestra democracia seguirá siendo un juego de apariencias, controlado por quienes no dudan en robar, manipular, corromper y destruir España.
Artículo de Opinión por Cristina Luquiño
Vicecoordinadora de VOX Zona Sant Feliu