La Navidad suele asociarse a la idea de hogar:  a la mesa compartida, al calor, a la seguridad de tener un techo donde refugiarse del frío. Precisamente por eso, estas fechas hacen todavía más visibles —y más difíciles de asumir— las situaciones de injusticia que afectan a quienes no tienen garantizado ese derecho básico.

En las pasadas semanas, el desalojo del antiguo instituto B9, por parte del PP en el gobierno de Badalona, dejó sin alojamiento a cientos de personas, muchas de ellas familias sin una alternativa habitacional clara y en pleno invierno. Una situación que obliga a mirar más allá del titular y a reflexionar sobre sus consecuencias reales.

Cuando se produce un desalojo sin solución, el problema no se resuelve: se traslada. Las personas no desaparecen, sino que se ven obligadas a buscar refugio donde pueden, a desplazarse a otros municipios o a vivir en condiciones precarias e indignas. Esto incrementa la vulnerabilidad social y genera situaciones más complejas que acaban afectando al conjunto de la sociedad.    

Es importante, además, poner rostro y contexto a lo ocurrido. Muchas de las personas desalojadas son trabajadoras con empleos precarios o salarios bajos. Personas que tienen ingresos, pero que no pueden acceder a una vivienda en el mercado actual, donde los precios se han disparado hasta niveles inasumibles. Pagar más de 1.000€ por un piso o más de 600€ por una habitación está fuera del alcance de una parte creciente de la población, incluso de quienes trabajan cada día.

Este es uno de los grandes malentendidos del —a veces interesado y malintencionado— debate sobre la vivienda. No hablamos solo de personas sin empleo, sino de personas que trabajan y aun así no pueden permitirse un hogar. Cuando el sistema expulsa a quienes cumplen con todas las reglas, el problema deja de ser individual y se convierte en un problema estructural y social que exige respuestas públicas. Así lo han señalado también organismos internacionales como la ONU, que recuerdan que los desalojos sin alternativa habitacional vulneran derechos fundamentales.

Este debate conecta con un cambio profundo que ya estamos viviendo como sociedad. Durante décadas, la generación del babyboom pudo acceder a la vivienda en un contexto de fuerte construcción y precios asumibles, lo que permitió proyectos de vida estables y una cierta seguridad residencial. Hoy, esa realidad ha desaparecido. Nos encontramos ante una nueva generación —jóvenes y familias trabajadoras— que no puede comprar una vivienda y que vive atrapada en un mercado del alquiler cada vez más caro, más inestable y más abusivo. Esta situación no es coyuntural: es una bomba de relojería social si no se actúa con urgencia.

Por eso, desde En Comú Podem defendemos que la respuesta debe ser integral. Afrontar la crisis de la vivienda exige medidas globales, como las impulsadas recientemente desde el Parlamento de Cataluña para regular el alquiler de temporada y de habitaciones, frenar los abusos y poner límites claros a la escalada de precios.

Estas medidas son fruto de años de movilización social y de acuerdos políticos que hemos condicionado desde En Comú Podem en los procesos de investidura, situando la vivienda en el centro de la agenda pública, con un objetivo claro: cerrar el fraude y recordar que un hogar no puede tratarse como una mercancía.

Pero legislar no es suficiente sino se actúa también desde lo local. En Sant Andreu de la Barca el problema de la vivienda también nos atraviesa como municipio. Familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse y se ven obligados a marcharse fuera, y una creciente inseguridad residencial, especialmente vinculada a pisos vacíos en manos de bancos y grandes propietarios, que afecta directamente a la cohesión social.

Por ello, este compromiso se concreta en un trabajo claro y decidido para avanzar en la obtención de tres terrenos y espacios estratégicos del municipio, con el objetivo de poder edificar vivienda y ampliar el parque público. Esta es una prioridad municipal que requiere tiempo, recursos y cooperación institucional.

En este punto, es imprescindible que tanto el Gobierno de España como el Parlamento de Cataluña asuman su parte de responsabilidad y faciliten las negociaciones necesarias para la cesión de los terrenos vinculados a la SAREB. No tiene sentido que suelos y activos, procedentes del rescate bancario, sigan bloqueados mientras hay jóvenes, familias y personas trabajadoras sin acceso a una vivienda digna. Convertir estos activos en vivienda de alquiler social no es solo una opción política: es una obligación social y una deuda pendiente con la ciudadanía.

Porque garantizar el derecho a la vivienda no es solo aprobar leyes: es convertir esas leyes en hogares.

La Navidad nos interpela como sociedad. Nos invita a preguntarnos qué modelo de país y de ciudades queremos construir: uno que mira hacia otro lado cuando alguien se queda sin casa, o uno que asume que garantizar un techo digno es una responsabilidad colectiva.

Ojalá que el 2026 sea el año en que avancemos de verdad hacia soluciones valientes, humanas y justas. Porque no hay luces suficientes que puedan ocultar la injusticia de dejar a alguien sin hogar, y porque ninguna Navidad es completa si no lo es para todas y todos.

Desde En Comú Podem deseamos un buen año 2026 a todas las vecinas y vecinos de Sant Andreu de la Barca, con más derechos, más justicia social y más hogares dignos.

En Comú Podem Sant Andreu de la Barca

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