La situación del caso Atrium es grave. Tener que afrontar cerca de tres millones de euros supone un duro golpe para Sant Andreu de la Barca y para las finanzas municipales. Desde En Comú Podem creemos que la ciudadanía merece conocer con claridad cómo se ha llegado hasta aquí y qué estamos haciendo ahora para intentar resolverlo. La deuda asciende a 2,2 millones de euros de principal y alrededor de 800.000 euros en intereses.

Durante más de veinte años, los distintos gobiernos municipales encabezados por el PSC y, en el último mandato antes del cambio de gobierno, por PSC y Ciudadanos, gestionaron un conflicto urbanístico y judicial que nunca llegó a resolverse definitivamente. A lo largo de esos años se sucedieron malas decisiones y gestiones urbanísticas, proyectos de reparcelación, anulaciones judiciales, recursos y reclamaciones económicas.

Lo que debía ser un proyecto de actividad comercial y dinamización económica para Sant Andreu acabó convertido en un serio problema enquistado durante años, con dificultades para desarrollar con normalidad el espacio público, implantar nuevas actividades o facilitar el desarrollo de empresas y comercios en la ciudad.

Y mientras el problema seguía abierto, la factura aumentaba…

En enero de 2018 una sentencia reconoció a Camier Dos Mil el derecho a percibir 2,2 millones de euros más intereses. Después de distintos recursos, la obligación de pago es hoy firme.

Desde En Comú Podem lo tenemos claro: nosotros no generamos este problema, pero hoy estamos en el gobierno municipal y asumimos la responsabilidad que nos corresponde: trabajar para encontrar una solución.

La prioridad inmediata es impedir que la deuda continúe creciendo. Cada día que pasa sin afrontar una solución significa más intereses, y por tanto es necesario empezar a asumir el pago y buscar una financiación que permita hacerlo de la forma más asumible posible.

Y hay otra prioridad que, para En Comú Podem, es igual de importante: que esta factura no recaiga sobre los vecinos y vecinas de Sant Andreu ni se traduzca en recortes de los servicios públicos.

Queremos seguir desarrollando el proyecto de ciudad por el que vinimos al gobierno y del que queremos sentirnos orgullosas, y conseguir que una deuda heredada no paralice el futuro de la ciudad.

Con ese objetivo, el ayuntamiento ha solicitado la adhesión al Fondo de Financiación a Entidades Locales para obtener 2,42 millones de euros y afrontar las obligaciones derivadas de la sentencia mediante financiación del Ministerio de Hacienda.

Y aquí hay un hecho político que no podemos obviar. En el Pleno del 24 de septiembre, toda la oposición, excepto el PSC, votó a favor de esta solicitud. El PSC fue el único grupo municipal que se abstuvo.

Desde En Comú Podem consideramos difícil de entender esa posición. El PSC tuvo responsabilidades de gobierno durante buena parte del periodo en el que este conflicto se originó y se gestionó y, cuando ahora el ayuntamiento busca una vía para afrontar sus consecuencias económicas, el PSC ha decidido no respaldarla.

Se puede discrepar, plantear otras alternativas y fiscalizar al gobierno. Pero también hay que asumir las responsabilidades políticas que correspondan por las decisiones tomadas durante todos estos años.

Por eso defendemos transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto tiene que pagar hoy el ayuntamiento, pero también por qué hemos llegado hasta aquí, qué decisiones se tomaron en cada momento y cuáles fueron sus consecuencias.

También habrá que exigir responsabilidades a quienes tomaron las decisiones que nos han llevado hasta esta lamentable situación. Las responsabilidades políticas e institucionales que correspondan deberán aclararse con hechos, documentación y a través de los mecanismos de control y seguimiento del propio ayuntamiento.

Desde En Comú Podem vamos a seguir trabajando para frenar los intereses, conseguir la financiación más favorable posible, proteger los servicios públicos y evitar que esta situación recaiga sobre los vecinos y vecinas.

Y también habrá que abordar el otro gran reto pendiente: desbloquear definitivamente el Sector 21 y recuperar para Sant Andreu un espacio que durante demasiado tiempo no ha podido desarrollar todo su potencial económico, comercial y social.

La situación es grave y no vamos a minimizarla. Pero tampoco queremos que una deuda heredada paralice la ciudad ni impida seguir construyendo el Sant Andreu que queremos.

No generamos el problema. Pero hoy somos gobierno y asumimos la responsabilidad de intentar resolverlo con transparencia, rigor y valentía, Pensando, por encima de todo, en proteger a Sant Andreu de la Barca, a sus servicios públicos y su futuro.